El Ayuntamiento de Gavà ha dado un paso decisivo hacia la construcción de un nuevo equipamiento deportivo municipal en el ámbito de Can Huerta, un proyecto que reforzará la red de instalaciones deportivas de la ciudad y mejorará la calidad del servicio público ofrecido a la ciudadanía.

Como fase previa imprescindible, el consistorio ha puesto en marcha, con colaboración con Lidera Sport Consulting, la redacción de un estudio de viabilidad económico-financiero, documento clave para definir las condiciones en las que se desarrollará la futura concesión de obra y explotación del equipamiento, que contará con piscina exterior, salas de fitness y pistas de pádel.

Este estudio permitirá determinar la estructura óptima de inversión, ingresos y costes, así como el equilibrio económico de la concesión, garantizando que el proyecto sea sostenible tanto para la administración como para el futuro operador. En este caso, el modelo planteado combina inversión pública y privada, de forma que el Ayuntamiento asumirá la construcción de la piscina, mientras que el concesionario se hará cargo del resto de las instalaciones deportivas, trasladando parte del riesgo al ámbito privado y favoreciendo un uso más eficiente de los recursos públicos.

El procedimiento se desarrolla conforme a la Ley de Contratos del Sector Público y requerirá la emisión de informe preceptivo por parte de la Oficina Nacional de Evaluación, lo que garantiza un análisis riguroso de la rentabilidad del proyecto y de la correcta transferencia del riesgo operacional al concesionario.

Este enfoque demuestra la importancia de planificar las inversiones deportivas desde criterios técnicos, económicos y jurídicos sólidos, evitando improvisaciones y asegurando que los nuevos equipamientos sean viables a largo plazo.

Desde Lidera Sport Consulting destacamos la relevancia de este tipo de actuaciones, donde el estudio de viabilidad económico-financiero se convierte en una herramienta estratégica para la toma de decisiones públicas. Nuestro trabajo se orienta a ayudar a las administraciones a definir modelos de gestión eficientes, sostenibles y alineados con el interés general, garantizando que cada nueva instalación deportiva sea una oportunidad real de mejora del servicio y no una carga futura para las arcas públicas.